El urbanismo, la ordenación del territorio, son disciplinas complejas que operan en la incertidumbre. Toda decisión, por nimia que parezca, afecta y es afectada por multitud de variables, de modo que resulta imposible prever con exactitud sus consecuencias. Buena parte de esta complejidad es consustancial a la propia disciplina, forma parte de la materia prima de nuestro trabajo. Pero otra parte es consecuencia del marco legislativo, procedimental y político-administrativo del que nos hemos dotado, no todo lo dúctil y eficaz que debiera ser.

Nuestro trabajo posee, además de la componente técnica, un indudable carácter político y social, por lo que requiere un control exhaustivo por parte de la Administración, de los representantes políticos y, sobre todo, de la propia sociedad civil. No obstante, esa componente no técnica provoca en demasiadas ocasiones que los distintos planes se vean expuestos a todo tipo de avatares que tornan aún más compleja su aprobación.

Avatares que nos afectan en tres sentidos: como miembros de la sociedad civil que ven cómo los instrumentos que han de regir sus pueblos y ciudades se demoran inexplicablemente; como profesionales, ya sea liberales ya como arquitectos al servicio de la Administración, que han de trabajar con un marco normativo incierto; y como urbanistas que saben cuándo firman un contrato pero no cuándo lo van a finalizar.

Objetivo

  • Elaboración de un listado actualizado, inteligible y que cuente con el visto bueno de la Administración en el que se enumeren los informes preceptivos para cada instrumento, el órgano al que han de dirigirse y el momento de la tramitación en que han de ser solicitados. Este listado oficial evitaría múltiples errores de tramitación que alargan los plazos o incluso requieren una nueva tramitación de inicio, con el consiguiente perjuicio para la sociedad en general y para nosotros en particular.
  • Intentar modificar el régimen habitual de contratación, proponiendo sistemas más flexibles y realistas en los que se negocien plazos y honorarios fase a fase (en función del proceso real de tramitación y no de un modelo teórico planteado de inicio que rara vez se cumple) y vinculando necesariamente los hitos de cobro con hechos controlables, como la entrega del documento en tiempo y forma, en lugar de con actos de fuerte contenido político como la aprobación del documento.

Propuesta

Comenzar elaborando de forma conjunta un modelo de contratación que responda a estas cuestiones y a cuantas otras se os puedan ocurrir, y que sirva de base para negociar con las Administraciones unos pliegos-tipo consensuados.

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